El programa de ayudas al coche eléctrico presentado por el gobierno español permitirá acceder a descuentos de hasta 7.500 euros para la compra o el renting de vehículos electrificados para empresas de menos de diez empleados
Esta medida elimina la restricción territorial al suprimir el requisito de operar en varias regiones: a diferencia de las ayudas anteriores para flotas, ya no es necesario estar presente en distintas comunidades para acceder a los fondos, lo que facilita que empresas insulares y pymes locales se puedan electrificar.
La acción es idónea para modernizar un parque rural obsoleto, con el 65% de las furgonetas que tienen más de 15 años, y disminuir una brecha territorial y ambiental.
La ayuda popularizará el coche eléctrico, impulsará modelos asequibles y reforzará la industria europea, de la que España es el segundo productor en vehículos ligeros.
“Aplaudimos el anuncio del presidente Pedro Sánchez, quien informó ayer acerca de un nuevo subsidio de 40 millones de euros que se destinará a autónomos y pymes para la compra de vehículos eléctricos”, ha declarado Isabell Büschel, Directora de T&E España. Esta medida se implementa en un momento crucial, particularmente para las zonas rurales y territorios insulares de España y para aquellos sectores fundamentales que dependen del transporte a diario.
El hecho de que las nuevas ayudas no exijan operar en más de una comunidad autónoma, supone una mejora con respecto a los programas previos de ayuda a la electrificación de flotas. Esta condición impedía que miles de empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas locales y las que se encuentran en territorios insulares, pudieran obtener fondos esenciales para su transición ecológica. Se asegura una distribución más justa y territorialmente integrada de las ayudas al eliminar esta barrera, apoyando la electrificación del tejido productivo allí donde es más necesario y sin discriminar por ubicación geográfica.
Los datos son claros; el 65 % de las furgonetas en zonas rurales supera los 15 años de antigüedad, y casi la mitad lleva más de 25 años en circulación. La proporción de vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT es del 34,4% en estas áreas, un porcentaje casi diez puntos más alto que el de las zonas urbanas.
Para muchos autónomos, pequeñas empresas y ciudadanos de la España rural, el vehículo no es un lujo, sino una herramienta de trabajo esencial. Es el medio que garantiza el acceso a derechos básicos como el empleo, la educación, la salud o el desarrollo de actividades profesionales clave, como la logística.
“La renovación de este obsoleto y altamente contaminante parque de vehículos es urgente; esta ayuda representa un paso firme en la dirección correcta. Esta iniciativa no solo busca hacer más accesible el vehículo eléctrico, sino también popularizar su imagen entre la población, impulsar la compra de modelos pequeños y asequibles, y contribuir a la adquisición de vehículos fabricados en la Unión Europea”, ha destacado Isabell Büschel.
De acuerdo con información de la OICA (Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos), España es el segundo mayor productor europeo de vehículos comerciales ligeros, después de Francia. Impulsar la transición a vehículos eléctricos, más limpios y eficientes, contribuye a reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, además de reforzar la economía local, la competitividad de autónomos y pymes, y la cohesión territorial.
La directora de T&E en España ha concluido que “continuaremos trabajando, junto con nuestros socios y aliados, para que políticas como ésta se consoliden y amplíen, priorizando siempre a los más vulnerables y a los territorios que más lo necesitan. La movilidad limpia debe ser accesible para todos, en todos los rincones de España”.
Ver en este sentido la propuesta de un leasing social basada en un estudio publicado por T&E en colaboración con el Basque Centre for Climate Change (BC3).
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