T&E celebra la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, al considerar esta norma una oportunidad real de reducir significativamente las emisiones de efecto invernadero del sector del transporte en España. La norma, si se asegura su implementación efectiva, responderá además al reto climático marcado por Europa y tendrá un impacto positivo sobre la salud y calidad de vida de los ciudadanos.
Una novedad del texto aprobado es que el PNIEC incorporará objetivos cuantificables y vinculantes para avanzar en la neutralidad climática del transporte en 2050, mediante la reducción de emisiones y el aumento del uso de energías renovables en el sector.
La nueva ley contempla la revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT, de manera que incluya las emisiones de CO2 de los vehículos. Contempla la inclusión de la medición empírica e individualizada de las emisiones reales del tráfico rodado, cuya contribución a la reducción de emisiones de CO2 será esencial. Permitirá a las Administraciones Públicas llevar a cabo un control efectivo de las emisiones del tráfico e identificar a los vehículos verdaderamente más contaminantes, así como promover la sustitución del parque móvil hacia opciones más sostenibles. De forma general, permitirá diseñar políticas públicas basadas en datos, de forma que sean más eficientes y pongan el foco en el problema real.
Otro de los puntos clave de la ley ha sido el desarrollo de los planes de movilidad al trabajo. En España, cerca del 30 % de los desplazamientos en día laborable son al trabajo, de los que casi un 60 % se hace por medio del vehículo privado motorizado. El texto aprobado hoy contempla que las grandes empresas deberán disponer de planes de movilidad en un plazo máximo de 24 meses. Esta obligación afectará a compañías con más de 200 empleados o 100 por turno, lo que amplía significativamente el número de organizaciones alcanzadas. Según T&E, esta rebaja de inicialmente 500 a 200 trabajadores en el número de empleados es positiva pero no suficiente ya que en nuestro país hay más de 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, las gasolineras que vendan más de 10 millones de litros anuales de carburante deberán contar, desde 2025, con al menos un punto de recarga ultrarrápida. En este sentido, T&E aplaude la intención de la ley de agilizar los trámites para instalar infraestructuras de recarga, además de prever su adecuada señalización e información de precios.
En esta misma línea la ley incorpora a los documentos estratégicos como guías de buenas prácticas o directrices metodológicas que explicitan el impulso de las electrolineras para largas distancias. Además, se han incorporado varias enmiendas transaccionales vinculadas a planes de aceleración de la infraestructura y planes de despliegue en zonas rurales cuyo contenido aún no es público.
Uno de los graves problemas que experimenta el parque automovilístico español es su antigüedad, que de media ronda los 14,5 años. Por eso, T&E considera una buena noticia el establecimiento de la obligación de que el Gobierno apruebe, en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la norma, un plan de incentivos para la compra de vehículos de cero o bajas emisiones, acompañado de la retirada voluntaria de los más antiguos.
Por otro lado, en el transporte marítimo ha quedado excluido el uso del gas por lo que se abre el camino a una aceleración de la descarbonización de este sector. En 2023, T&E realizó una prueba a bordo del crucero MSC World Europa, equipada con motores de gas natural licuado (GNL), donde se filmaron emisiones visibles de metano sin quemar que escapaban por las chimeneas del buque. Este experimento, llevado a cabo con cámaras infrarrojas certificadas y validado por expertos independientes, confirmó que incluso los buques más modernos alimentados con GNL liberan a la atmósfera parte del metano que debería quemarse en el motor.
La ley también refuerza el compromiso con la descarbonización portuaria mediante la electrificación de instalaciones y el uso de energías alternativas. Si bien no se ha introducido un objetivo vinculante de uso de electro combustible en puertos cómo hubiera sido idóneo, sí que se reconoce su papel clave en el Plan de Descarbonización del sector, a través de los corredores verdes. En cuanto al suministro de electricidad en los puertos, resulta muy positiva la obligación impuesta a Red Eléctrica de priorizar el transporte de la energía necesaria, así como la obligación de Puertos del Estado de realizar un análisis individual, puerto por puerto, sobre la suficiencia de la potencia eléctrica para garantizar el cumplimiento de la normativa europea AFIR en los puertos.
T&E ha suscrito junto con otras 14 entidades de la sociedad civil un comunicado analizando la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible.
