De acuerdo con el citado Reglamento, España debería haber presentado a la Comisión Europea un borrador de su Plan Social para el Clima a más tardar el 30 de junio de 2025 a fin de que pudiera haber sido examinado de manera exhaustiva y oportuna, pero dicha fecha ha sido ampliamente excedida.
El proceso de elaboración del Plan Social para el Clima, está liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con la participación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).
Aún peor, el MITECO no ha sacado todavía a información pública el borrador de dicho plan, como es preceptivo legalmente.
En cuanto a la participación pública, a finales de febrero de 2025 -más de un año y medio después de que el Reglamento 2023/955 entrara en vigor- el MITECO abrió durante un mes una consulta pública previa y el 8 de mayo de 2025 realizó una jornada con la realización de varios talleres participativos para la elaboración del borrador del Plan Social para el Clima, cuyo informe de conclusiones no se ha hecho público tras más de medio año desde su celebración.
Pese a la activa involucración en este proceso de las dos alianzas y de la participación directa de varias de las entidades miembros de las mismas en los talleres citados, el MITECO tampoco ha proporcionado a estas entidades el informe de conclusiones del citado proceso participativo.
Desde entonces no ha habido ninguna otra oportunidad de participar en la elaboración del Plan Social para el Clima, pese a que el citado Reglamento exige que cada Estado miembro garantizará que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación del proyecto y se asegurará de que el público sea informado.
Según la normativa europea, el Plan Social para el Clima debe incluir medidas e inversiones claramente dirigidas a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios vulnerables del transporte con el fin de garantizar una calefacción, una refrigeración y una movilidad asequibles.
Las inversiones del Fondo Social para el Clima deben permitir a los ciudadanos vulnerables renovar sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y medios de transporte sostenibles. Esto reducirá su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo, mientras que las ayudas directas a la renta mitigarán los posibles efectos negativos a corto plazo. El citado fondo puede financiar: a) inversiones en eficiencia energética y renovación de edificios, calefacción y refrigeración limpias; b) movilidad y transporte con cero o bajas emisiones, incluido el transporte público; y c) proporcionar ayudas directas temporales a los ingresos de los hogares vulnerables.
Sin embargo, las organizaciones pertenecientes a ambas alianzas han podido conocer que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible está planteando medidas que no están correctamente alineadas con los criterios del Reglamento europeo del Fondo Social para el Clima. Varias de las medidas que está proponiendo no estarían orientadas a beneficiar a los usuarios y microempresas vulnerables del transporte, sino a grandes empresas del sector o a subsidiar la compra de combustibles fósiles, lo que es claramente contrario al Reglamento, que exige medidas que ayuden a los usuarios vulnerables a reducir su dependencia de dichos combustibles.
Sobre el Fondo Social para el Clima y el Plan Social para el Clima
Como parte de las medidas de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático, el transporte por carretera y los edificios han quedado incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. Este hecho implica un incremento de los precios del combustible para el transporte por carretera y la calefacción a partir de 2028.
Para minimizar el impacto de esta medida en los grupos más vulnerables (hogares vulnerables, usuarios vulnerables del transporte y microempresas vulnerables), especialmente los afectados por la pobreza energética o la pobreza en el transporte, la Unión Europea ha creado el Fondo Social para el Clima (FSC) para el periodo 2026-2032 que contará con 65.000 millones de euros. A España le corresponde un 10,52% de esa cantidad. Además, los Estados miembros tienen la obligación de contribuir, con cargo a sus propios presupuestos, con un mínimo adicional del 25% del importe que le corresponda. En total, el Fondo Social para el Clima en España contará con alrededor de 9.000 millones de euros.
Ese dinero permitirá a los ciudadanos de esos grupos vulnerables renovar sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y medios de transporte sostenibles. Esto reducirá su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo. La normativa permite que también se pueden considerar ayudas directas a la renta, temporales y limitadas.
Para que los Estados miembros puedan usar el dinero del Fondo Social para el Clima tienen primero que elaborar un Plan Social para el Clima con una serie de medidas para ayudar a esos usuarios vulnerables, las cuales deberán ponerse en marcha en 2026.
[1] La “Alianza por un Plan Social por el Clima Justo para Usuarios y Microempresas Vulnerables del Transporte” está compuesta por las siguientes 26 entidades (en orden alfabético): Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Amigos de la Tierra, Comisiones Obreras (CC.OO.), ConBici, Demos Lab, European Anti Poverty Network (EAPN-ES), Ecologistas en Acción, Ecounion, EsadeEcPol, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Foro de Acción Rural, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Mobilitat Sostenible y Segura, Fundación Renovables, Greenpeace, Grupo Social ONCE, Oxfam-Intermón, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoció del Transport Public (PTP), Renovem-nos, Revo, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), SEO/BirdLife, Transport & Environment (T&E), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
[2] Los 29 miembros de la “Alianza por la Rehabilitación de Viviendas Sin Dejar a Nadie Atrás” son (por orden alfabético): ABD-Asociación Bienestar y Desarrollo, ACA-Asociación de Ciencias Ambientales, Amigas de la Tierra, Arquitectura sin Fronteras, ASUFIN, AVS-Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, Canarias Archipiélago Sostenible, CECU-Federación de Consumidores y Usuarios, CS CCOO-Confederación Sindical de CCOO, CCOO del Hábitat, Democratic Society, EAPN-ES, ECODES, Ecoserveis, Enginyeria Sense Fronteres, ETSAM-Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Fundación Europace, Fundación de Familias Monomarentales Isadora Duncan, Fundació Habitat3, Fundación Renovables, Greenpeace, Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción (CSIC), ISTAS, Observatorio Ciudad 3R, Provivienda, reBive, Revo Prosper, UGT y UGT-FICA.
