Recomendaciones de la sociedad civil española para la posición de España en las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE (2028-2034)
Cerca de veinte organizaciones, incluida T&E, firman una carta para pedir al Gobierno de España un conjunto de prioridades estratégicas de cara a las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.
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La Unión Europea se encuentra en un momento decisivo para definir su capacidad de orientar la inversión pública y privada hacia sus objetivos comunes de neutralidad climática, competitividad, resiliencia, cohesión social, salud pública y seguridad económica. Las 19 organizaciones firmantes, entre ellas sociedad civil, fundaciones, asociaciones profesionales, think tanks, redes europeas y entidades especializadas en la transición ecológica y tecnologías limpias, deseamos trasladar al Gobierno de España un conjunto de prioridades estratégicas de cara a las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034.
España puede desempeñar un papel activo en defensa de un presupuesto europeo suficientemente ambicioso, aumentándolo en al menos un 10 % (equivalente a 2.014.200 [1] millones de euros) en línea con la posición del Parlamento Europeo . Asimismo, para asegurar un uso eficiente de los fondos europeos y maximizar su impacto multiplicador, los programas de trabajo y planes para implementar el MFP deben basarse en la evidencia científica, orientarse a resultados verificables y generar un claro efecto catalizador de la inversión privada. De este modo, será posible movilizar la escala de inversiones necesarias para alcanzar la neutralidad climática en Europa en 2050. Resulta especialmente importante evitar que una interpretación reduccionista y cortoplacista de la competitividad debilite la integración climática y ambiental, la trazabilidad del gasto o la aplicación efectiva del principio de ‘no causar un perjuicio significativo’ (DNSH).
De forma transversal, España debería respaldar una mayor autonomía fiscal de la UE mediante un MFP que consolide nuevos recursos propios más allá de las contribuciones nacionales, como los derivados del mercado de carbono, coherente con el principio de ‘quien contamina paga’. Asimismo, debería considerarse el refuerzo de instrumentos de endeudamiento común en los mercados para financiar bienes públicos europeos de gran escala a la vez que se garantice la flexibilidad necesaria para adaptarse a un entorno económico y geopolítico en constante cambio.
Desde la sociedad civil, pedimos que España defienda una posición coherente en torno a tres piezas centrales del nuevo MFP:
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un Reglamento de Rendimiento que garantice indicadores comunes, comparables y vinculantes, metodologías de seguimiento rigurosas y una medición real del impacto climático, ambiental, social y económico del presupuesto europeo;
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unos Planes de Colaboración Nacional y Regional (PCNR) con gobernanza multinivel, participación efectiva, programación territorial real y evaluaciones financieras granulares que permitan orientar los recursos hacia sectores en transición, y en especial hacia las necesidades de pymes, hogares, universidades e investigadores, emprendedores de nuevas tecnologías limpias, etc.;
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un Fondo Europeo de Competitividad (FEC) que sitúe la descarbonización, la innovación limpia, la resiliencia climática y la reducción de dependencias estratégicas en combustibles fósiles en el centro de la competitividad europea y que utilice InvestEU como instrumento clave para movilizar inversión privada adicional.
Proponemos las siguientes recomendaciones para un MFP eficiente y orientado de forma estratégica a la descarbonización competitiva de Europa y su liderazgo en nuevas tecnologías limpias. Además, el programa LIFE debe conservar su carácter autónomo y gestión directa como programa específico de apoyo a la acción climática y medioambiental.
Reglamento de Rendimiento
El futuro Reglamento de Rendimiento será clave para determinar cómo se mide el impacto real del presupuesto europeo. España debería:
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1
Defender indicadores comparables, con granularidad y vinculantes, reforzando la incorporación de naturaleza y biodiversidad, contaminación, economía circular, salud pública, recursos hídricos, resiliencia climática y transición justa dentro del marco de seguimiento. En particular, el Reglamento debería medir de forma más precisa los co-beneficios . Asimismo, debería incorporar indicadores de apalancamiento financiero privado y adicionalidad para priorizar inversiones con mayor impacto agregado por euro gastado y mayor valor añadido europeo, así como establecer un índice capaz de reflejar adecuadamente esas sinergias para ganar eficiencia y maximizar la consecución de objetivos.
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2
El seguimiento del gasto debe basarse en metodologías más rigurosas y científicamente consistentes, corrigiendo coeficientes que actualmente permiten contabilizar como contribución climática inversiones incompatibles con los objetivos ambientales de la Unión (greenwashing). Deben abordarse riesgos de sobreestimación del cumplimiento del objetivo derivados tanto de la inclusión en el denominador de instrumentos externos al presupuesto de la UE con elevada contribución climática (como el Fondo Social para el Clima o el Fondo de Innovación) como de la exclusión de partidas con baja o nula contribución verde, entre ellas determinados incrementos del gasto en seguridad y defensa. Actividades como la expansión aeroportuaria y de carreteras, determinadas ayudas agrícolas sin condicionalidad ambiental suficiente o ciertas formas de biomasa forestal deberían dejar de computar como gasto climático.
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3
Reforzar el objetivo horizontal de gasto en clima y medio ambiente hasta el 50 %. España tiene un interés estratégico en elevar este objetivo dado su potencial industrial en la transición climática y los beneficios en términos de reducción de precios energéticos e incremento de su resiliencia ante los riesgos climáticos. Este objetivo debe aplicarse sin excepciones ni mecanismos que permitan diluir su ambición efectiva. Además, el objetivo horizontal del 50 % debería complementarse con contribuciones mínimas específicas por programa a fin de garantizar una integración climática y ambiental real en todo el presupuesto europeo. En particular, los PCNR y el FEC deberían contribuir en al menos un 50 %; Horizonte Europa al menos un 45 %; el Mecanismo «Conectar Europa» al menos un 80 %; y el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional de la UE (Europa Global) al menos un 45 %.
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4
Mantener objetivos diferenciados y metodologías específicas para el gasto en clima, naturaleza, biodiversidad y contaminación cero y así evitar que las inversiones en cada objetivo queden diluidas en indicadores agregados. Incluir un sub-objetivo vinculante de biodiversidad de al menos el 10 % del presupuesto total, con un sistema de seguimiento específico y alineado con el Reglamento de Restauración de la Naturaleza; y un sub-objetivo específico de contaminación cero de al menos el 10 % del presupuesto total, con metodología propia e indicadores de resultado alineados con la Directiva de Calidad del Aire (AAQD) y la Directiva de Techos Nacionales de Emisión. Asimismo, debería evitarse que indicadores, coeficientes o metodologías esenciales puedan modificarse mediante actos delegados de forma que se debilite la ambición efectiva del objetivo horizontal.
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5
Mantener una aplicación robusta, coherente y plenamente horizontal del principio DNSH en todos los instrumentos del MFP. Requiere eliminar las excepciones, reforzar las salvaguardas ambientales y establecer una lista taxativa de actividades excluidas de financiación europea por incompatibilidad con los objetivos climáticos y ambientales de la Unión. La proporcionalidad regulatoria debería basarse en el impacto ambiental real de los proyectos y no en su tamaño o coste. Para las pequeñas subvenciones y financiación minorista, incluir una lista positiva ‘verde’ de actividades y tecnologías que están automáticamente alineadas con los objetivos climáticos y medioambientales. Además, deben desarrollarse guías sectoriales para definir el cumplimiento de DNSH para actividades no incluidas dentro de estas listas.
Planes de Colaboración Nacionales y Regionales (PCNR):
España debería abogar por una gobernanza del MFP verdaderamente multinivel, transparente y participativa que canalice inversiones hacia aquellas regiones y beneficiarios que requieran más apoyo en su transición ecológica.
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1
Establecer mecanismos obligatorios de participación temprana y documentada de regiones, entidades locales, interlocutores sociales, academia, sociedad civil y actores económicos relevantes, así como preservar capítulos territoriales específicos y una capacidad efectiva de programación regional. Los borradores y versiones finales de los PCNR deben ser plenamente accesibles al público en todas sus fases. Asimismo, debe exigirse un informe explícito sobre cómo las aportaciones de los actores han quedado reflejadas en las decisiones finales, garantizando así una rendición de cuentas real y no meramente procedimental. Para ello, se deben prever mecanismos correctores por parte de la Comisión cuando el principio de partenariado no se cumpla de forma efectiva.
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2
Los PCNR deben alinearse con los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), los Planes Nacionales de Restauración de la Naturaleza y los Planes Nacionales de Rehabilitación, incorporando además objetivos claros en materia de salud y contaminación cero. Para ello, el Anexo V de los PCNR puede incluir una serie de tablas que recojan información más detallada sobre los objetivos del plan, los beneficiarios finales y la movilización de capital privado, en especial siguiendo las recomendaciones de la Comisión sobre las evaluaciones financieras de los PNIEC.
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3
Integrar una línea específica orientada a la calidad del aire y la salud pública vinculada a la implementación de la AAQD con indicadores de resultado claros, apoyo directo a autoridades locales y priorización de poblaciones vulnerables.
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4
Establecer una reserva financiera mínima y vinculante dentro de cada PCNR para la transición justa, que garantice recursos específicos y blindados para los territorios, sectores y colectivos más expuestos a los costes socioeconómicos de la descarbonización y al riesgo climático, en línea con las recomendaciones del informe Investing in Just Transitions de la Alliance for Just Transition. Los criterios de asignación incluirán indicadores de renta, dependencia sectorial de industrias intensivas en carbono, tasas de pobreza energética y necesidades de adaptación, priorizando las inversiones que garanticen empleos verdes de calidad y el acceso a soluciones de ahorro energético para los hogares y las personas en situación de vulnerabilidad.
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5
Incorporar un principio de ‘eficiencia financiera primero’ exigiendo evaluaciones financieras granulares por cada medida, sector y beneficiario final, asegurando un efecto catalítico. Las autoridades nacionales deben justificar cuándo son necesarias subvenciones y cuándo resultan más adecuados instrumentos financieros para maximizar el impacto público y movilizar inversión privada adicional. Esta evaluación debe determinar en qué medida InvestEU y colaboraciones con el Banco de Inversión Europeo pueden simplificar el diseño de instrumentos financieros para hacerlos más accesibles a las autoridades regionales y locales y reforzar su efecto multiplicador, incentivando así una mayor participación a través del compartimento de InvestEU para Estados miembros. La Comisión debería publicar una guía para clarificar sus beneficios y la aplicación de reglas fiscales y ayudas de estado a las contribuciones al compartimento nacional.
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6
Incorporar mecanismos obligatorios de evaluación de co-beneficios y análisis de alternativas, de forma que las principales medidas de inversión incluyan una valoración transparente de sus múltiples impactos climáticos, sociales, sanitarios y económicos, así como de las posibles alternativas propuestas durante los procesos participativos. Estas evaluaciones deberían publicarse y utilizarse tanto en la selección de proyectos como en el trabajo de los comités de seguimiento.
Fondo Europeo de Competitividad (FEC):
España debería defender que el FEC sea una herramienta orientada a cerrar brechas estratégicas de inversión en tecnologías limpias, apoyando su manufactura y despliegue comercial para la descarbonización de todos los sectores, con una priorización de aquellas tecnologías donde Europa puede ganar una ventaja competitiva y reducir dependencias estratégicas.
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1
La competitividad europea y el alcance del FEC deben definirse en torno a la innovación, la descarbonización y la resiliencia climática, respondiendo así a las nuevas necesidades estratégicas de la UE e incorporando el pensamiento empresarial y de expertos internacionales más actualizado [2].
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2
Diseñar una gobernanza del FEC liderada por expertos y basada en evidencia científica y evaluación independiente con una participación efectiva de la sociedad civil, representantes de universidades, investigadores y emprendedores de cleantech. El Observatorio de Tecnologías Emergentes puede proporcionar un diagnóstico independiente y una base empírica sobre las prioridades de Europa que guíen el diseño de los programas de trabajo del FEC, mientras que un Consejo Estratégico de expertos puede traducir esta evidencia en recomendaciones de alto nivel sobre prioridades estratégicas. Las Plataformas temáticas pueden aportar inteligencia del sector privado y sociedad civil sobre las condiciones y necesidades de la economía real. Esta arquitectura debería estar respaldada por salvaguardias claras en materia de transparencia, representación equilibrada, rendición de cuentas y protección frente a la captura regulatoria.
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3
Incrementar la ventana de transición limpia dentro del FEC hasta los €50 mil millones para cubrir la brecha de inversión en tecnologías limpias. La Comisión ha estimado que, para escalar solo seis tecnologías limpias críticas fabricadas en Europa, sería necesario un apoyo público total de entre 16.000 y 18.000 millones de euros de aquí a 2030. Para diez tecnologías críticas, Climate Strategy estima que la brecha de financiación pública asciende al menos a 37.800 millones de euros de aquí a 2030. Esta brecha podría duplicarse si se incluyen otras tecnologías necesarias para lograr una economía de emisiones netas cero. Por tanto, los €26 mil millones propuestos por la Comisión para la transición limpia son insuficientes.
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4
Establecer el Instrumento InvestEU del FEC como el mecanismo de ejecución preferente para la escalado tecnológica en fases avanzadas y el despliegue, dotándolo de una capacidad de garantía de al menos €50.000 millones. Resulta clave consolidar y ampliar los instrumentos financieros de la UE para impulsar estructuras de financiación combinada (blended finance) que reduzcan el riesgo percibido de proyectos sostenibles e innovadores, y de este modo, movilicen mayor inversión privada hacia el escalado de proyectos first-of-a-kind (FOAK). Las subvenciones deberían reservarse para proyectos no financiables por el mercado (e.g. proyectos de investigación e innovación dentro de Horizonte Europa, proyectos de biodiversidad y naturaleza), para asistencia técnica y para el apoyo basado en resultados destinado a la escala de determinadas tecnologías estratégicas en fases iniciales de despliegue comercial. Considerar la creación de un compartimento subnacional de InvestEU para facilitar el acceso a autoridades regionales y locales.
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5
Crear una facilidad específica de garantías para la manufactura de tecnologías limpias dotada con €10.000 millones que permita reducir el coste del capital, apoyar el escalado industrial de empresas innovadoras y movilizar inversión privada en proyectos que no se materializarían sin respaldo europeo. Ante un contexto internacional cada vez más complejo, el FEC establece un criterio de Preferencia Europea. La adhesión a este criterio en los instrumentos del FEC debería convertirse en una condición por defecto obligatoria para recibir apoyo financiero.
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6
Cubrir la brecha de apoyo a la demanda de nuevas tecnologías limpias mediante un Impulsor de Mercados Líderes, incluyendo un mecanismo europeo de préstamos para la rehabilitación energética. Estos instrumentos financieros bajo InvestEU ofrecerían financiación asequible y de largo plazo a pymes y hogares con bajos ingresos o acceso limitado al crédito, reforzando así la adicionalidad real del presupuesto europeo.
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7
Impulsar la coherencia y sinergias entre los PCNR y el FEC, estableciendo diálogos estructurados entre ambos. Estos diálogos contribuirían a coordinar una estrategia europea de industria limpia y descarbonización e identificar cómo el conjunto de herramientas de InvestEU puede apoyar las inversiones locales, en particular para ejecutar de manera eficiente las prioridades establecidas en los PCNR y señalar oportunidades para canalizar sus contribuciones a través del compartimento para Estados miembros.
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8
Mantener un presupuesto de Horizonte Europa independiente y protegido para la investigación colaborativa en el marco del Pilar II, con al menos un 50 % más de financiación para el sobre de Transición Limpia y Descarbonización Industrial. Asimismo, garantizar que el Pilar II siga apoyando la I+i básica para resolver retos fundamentales e introducir salvaguardas que eviten su uso para el despliegue tecnológico que debería en todo caso cubrirse por el FEC. Finalmente, Horizonte Europa debe garantizar el acceso equitativo y la asequibilidad de los productos resultantes de la investigación para garantizar la transición justa.
El próximo MFP definirá en gran medida la capacidad de la Unión Europea para responder a los retos climáticos, económicos y sociales de los próximos años. España tiene la oportunidad de desempeñar un papel crucial impulsando un presupuesto europeo más coherente, transparente y orientado a resultados, capaz de situar la transición limpia, la resiliencia y seguridad energética y la salud pública en el centro del proyecto europeo.
Las organizaciones firmantes quedamos a disposición del Gobierno para profundizar en estas propuestas y contribuir al desarrollo de una posición española ambiciosa y técnicamente sólida en las negociaciones europeas.
[1] A precios corrientes, los eurodiputados defienden aumentar un 10% la dotación inicial propuesta por la Comisión Europea, pasando de 1.816.900 millones € a 2.014.200 millones €, lo que representaría un 1,27% de la renta nacional bruta de la UE.
[2] Por ejemplo, ver la siguiente definición desarrollada por el Cambridge Institute for Sustainable Leadership: ‘Competitiveness’ means capacity to use labour and resources with greater productivity by attracting and retaining investment for modernisation and innovation that enhances domestic European added value and high quality employment, enabled and scaled through its Single Market to ensure resilience to geopolitical, security, climate and natural risks and shocks, and to achieve inclusive well-being and environmental sustainability.
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